El siguiente diálogo es real. No importan tanto ni el santo ni la seña, como se dice en el argot popular, sino lo que puede extraerse de su resultado final. Ocurrió en un establecimiento de comercio, tampoco importa si es privado o estatal, porque la experiencia indica que actitudes como estas son más comunes de lo que uno imagina. Es un mal que se ha ido extendiendo, pero detenerlo es una posibilidad latente.

-Por favor, ¿puedo pagar por transferencia?, pregunta el cliente ya con la mercancía en la mano, mientras mira a una de las dos dependientas que atiende la caja.

Una de ellas, que ya lo conoce, señala con un guiño a la otra, en busca de la aprobación.

-Por favor, ¿puedo pagar por transferencia?, repite el cliente a modo de consulta y quien le atiende ofrece un sí como respuesta, pero alarga sus palabras para ofrecer la aprobación.

-Si, te voy a hacer un favor, porque nosotros solo aceptamos transferencia para embarazadas, mujeres con niños...

El cliente no puede creerlo, piensa en hacerla reflexionar, explicarle el proceso de bancarización (que lo debe conocer bien), la escasez de dinero en los bancos, los pocos cajeros automáticos en funcionamiento en su demarcación, y otros tantos argumentos, pero se aguanta de seguir, logra pagar y se marcha con su producto, y piensa en cuánto nos falta como sociedad para hacernos la vida más llevadera.

El funcionamiento de los pagos electrónicos se ha explicado en disímiles ocasiones y el proceso de bancarización, no exento de múltiples cuestionamientos, ha llevado a las autoridades a exigir en el comercio el uso de los canales habilitados para ellos.

La resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) entró en vigor desde diciembre pasado y en ella se subraya la obligatoriedad de las entidades dedicadas a esta actividad a asegurar a los consumidores el acceso y uso de los canales electrónicos de pago.

Uno de los requisitos para esos establecimientos es poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor, medida extensiva a todas las personas naturales y jurídicas que realizan actividades comerciales objeto de inscripción en el Registro Central Comercial (RCC).

Y esto es válido tanto para los actores económicos estatales y no estatales que realizan las actividades rectoradas por el Mincin.

El proceso de asimilación de estas medidas lleva tiempo, nadie lo duda, y su implementación depende de muchos factores como la conectividad, las comunicaciones, el equipamiento, las posibilidades de contar con las pasarelas de pago, los problemas asociados a la extracción de efectivo de los bancos, las limitaciones a la hora de realizar transacciones y un largo etcétera, pero ello no puede limitar el derecho que tenemos como consumidores, cuando se sabe que la tendencia en el país va dirigida a multiplicar el uso de esos canales ante la situación real que enfrentamos.

En el caso de marras, el cliente pudo llevar a término final su compra, pero, ¿es lógico que la explicación vaya por ese camino sin sentido y alejado de lo que las autoridades del país promueven? ¿Y quiénes no tenían efectivo y necesitaban algún producto, que hacen, resignarse? ¿Cómo hacer cumplir lo estipulado ante conductas como estas?

Es tiempo de que todos veamos en el prójimo a uno mismo. Hoy somos clientes, mañana ofrecemos servicios, pero convivimos en una sociedad que debe apostar por el mejoramiento continuo de la vida de sus habitantes. Ese debe ser un buen camino a recorrer.