El Ministerio de Comercio Interior en Cuba aprobó una Resolución que obliga a quienes se dediquen a actividades comerciales a aceptar el pago electrónico en sus transacciones.

Sin embargo, la realidad es que no pocos hacen caso omiso de tal disposición. No se respeta ni en muchas entidades estatales ni en privadas.

Basta con salir en busca de determinado producto para constatar cuán difícil se torna adquirirlo, pues la mayoría de los establecimientos en la ciudad de Matanzas no acepta otra modalidad de pago que no sea el dinero en efectivo.

Esa situación afecta sobremanera a quienes, por ejemplo, reciben su salario a través de una tarjeta magnética, dada la complejidad que hoy se presenta para obtener la moneda física.

La poca disponibilidad de cajeros automáticos, y de dinero en estos últimos y en los bancos, convierte en una odisea tal necesidad ya que sigue siendo el efectivo la modalidad más usada.

Y por más que se divulgue su empleo, la caja extra no acaba de ‘cuajar’. Cuando llegas a alguna entidad de las que debe brindar el servicio encuentras que no lo hacen o que no cuentan con los ingresos generados por las ventas para hacerlo.

Por otra parte, lo mismo en establecimientos estatales que privados, del poco dinero que se recauda para tal fin se abastecen sus propios trabajadores, también urgidos del servicio.

Otra dificultad que se presenta con regularidad, sobre todo en las mipymes, es la exigencia al cliente a superar una determinada cifra para poder acceder a la prestación.

Igual suele ocurrir lo contrario, o sea, alegan que su tarjeta ya sobrepasó el límite y por eso no aceptan transferencia. En el mejor de los casos se asume un valor mínimo de compra.

De este tema hay mucha tela por donde cortar. Pudiera hablarse, asimismo, de los lugares donde refieren no tener un código QR que “desde hace un mes está mandado a hacer”, y de quienes no aceptan billetes de pequeñas denominaciones.

También del cobro de comisiones para obtener efectivo como un nuevo negocio que se anuncia a través de la red de redes y hasta de las transferencias a cuentas personales.

Se trata, sin dudas, de un asunto muy complejo que tiene muchas aristas y que debe ser objeto de análisis constante por las autoridades competentes.

Aun así algo está claro. Las resoluciones están hechas para hacerlas valer y nadie tiene derecho a violarlas.