En el entramado social de la provincia de Ciego de Ávila, el Sistema de Atención a la Familia (SAF) opera como un mecanismo crucial para paliar las necesidades de alimentación de “adultos mayores, personas con discapacidad, personas vulnerables, o sea, casos críticos e insolventes”, que no tienen red familiar alguna a la cual acudir, según explicó Orlando Díaz Rodríguez, director Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Con 1068 comensales, de los cuales un 58 por ciento son adultos mayores entre 61 y 83 años, el SAF se erige como una protección esencial contra la vulnerabilidad social, garantizando una alimentación subsidiada a quienes carecen de sustento o apoyo familiar.

El procedimiento de acceso no es automático. Se activa tras un minucioso “estudio socioeconómico” de cada caso, que culmina con la aprobación —o no— del Consejo de la Administración Municipal.

“Se hace un expediente, se presenta... a partir del argumento que se dé por los factores de la comunidad”, detalló Díaz Rodríguez. Una vez dentro, el control es constante, mediante visitas de los trabajadores sociales y los organismos de Comercio, así como a través del “control popular” ejercido desde los mismos Consejos Populares.

La operatividad del SAF recae en el Grupo Empresarial de Comercio, que dispone de 58 unidades gastronómicas distribuidas en la provincia para este fin. Pedro González Alfonso, director provincial de Gastronomía del grupo, desglosó las vías de abastecimiento: las asignaciones del Ministerio de Economía y Planificación (arroz, granos, sal, algo de aceite), lo proporcionado por Acopio (viandas y hortalizas) y, la más utilizada en el escenario actual, la autogestión.

“Es la que más implementamos, incluyendo los platos fuertes”, admitió González Alfonso. Esta dependencia de la gestión propia de cada unidad para completar la dieta evidencia los desafíos logísticos del programa, pero también la flexibilidad que se busca para mantenerlo a flote.

En un contexto inflacionario, el SAF mantiene un subsidio estatal que congela los precios para los beneficiarios. Según la normativa, a cada “asistenciado” se le cobra 13.00 pesos por comida, a lo que el Estado añade un subsidio de 7.00, totalizando 20.00 pesos por comida. Esto significa que el costo diario para la persona no supera los 40.00 pesos por las dos comidas principales.

“Los precios nunca pueden exceder los 40.00 pesos diarios”, recalcó el director de Gastronomía. El menú base incluye “arroces, viandas, ensaladas, al menos un plato fuerte diario, y los postres y los jugos”. Productos opcionales como pan, café, espagueti o yogur tienen un costo adicional fuera de esta cuota protegida.

A pesar de las dificultades, González Alfonso aseguró que el sistema “está saliendo bastante bien”, sujeto a un escrutinio constante desde los consejos populares hasta el Gobierno provincial.

Reconoce que “hay algunos lugares donde hay que corregir”, pero subraya el esfuerzo colectivo por garantizar que esta alternativa de alimentación no le falle a quienes, en la última etapa de sus vidas o en una situación de extrema fragilidad, no tienen otra opción.