“Establecer como requisito para los establecimientos comerciales objeto de inscripción en el Registro Central Comercial de manera temporal o permanente, poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor”.
De tal manera se lee en la Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior, promulgada a finales del pasado año, para respaldar la obligatoriedad del empleo de las pasarelas electrónicas de pago o terminales de punto de venta (POS), como una alternativa para garantizar la comercialización de bienes y servicios a la población.
En aquel momento, se dio un determinado plazo para su puesta en vigor, el cual se ha ido postergando, a raíz de la morosidad de algunos actores de la economía, recelosos de operar a través de un Código QR, a pesar de que esa disposición legal es de aplicación para todas aquellas personas naturales y jurídicas que realizan actividades comerciales.
Si bien la provincia de Holguín se ha insertado, de manera progresiva, en el proceso de bancarización de la sociedad, aún resultan persistentes las quejas de la población sobre limitaciones afrontadas a la hora de pagar por una vía electrónica y ante la ausencia del descuento del monto total, si no se opera por la pasarela indicada.
¿Hay falta de control, exigencia o inconsciencia colectiva? Usuarios de redes sociales testifican las más diversas, y poco agradables anécdotas sobre el tema en cuestión, mientras argumentos expuestos por autoridades correspondientes contradicen lo que alegan muchos de los nuevos actores económicos, algunas empresas estatales y la población.
Unos que sí, otros que no…
Como bien alertaron funcionarios del Mincin en un programa reciente de la Mesa Redonda, se dispone de dos plazos: el primero, de 30 días para los nuevos establecimientos que soliciten inscribirse en el Registro Central Comercial; y el segundo, de hasta 60 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la normativa, para que los ya inscritos garanticen las facilidades de liquidación de cuentas.
Sin embargo, al preguntar sobre el pago en línea a quienes realizan comercio mayorista, ventas de mercancías, servicios gastronómicos y de alimentación social, o prestan servicios comerciales y técnicos de uso personal y doméstico, dicen que “estamos en trámites”, “el Banco no me acaba de dar la cuenta fiscal” y otros, para salvarse del trance o de una multa, ofrecen un número de cuenta personal o apelan a extender el QR de la propia cuenta, que sí facilita la transferencia de dinero, pero no beneficia con el seis por ciento de descuento.
Varias son las vivencias que ofrecieron los holguineros; por ejemplo, Víctor Aguilera Nonell afirmó que “es un problema extendido y, aunque se diga, los decisores e inspectores no muestran ningún tipo de accionar. En las mypimes que están en la céntrica esquina céntrica de Frexes y Mártires dan mil pretextos para no aceptar el pago electrónico”; mientras Mario Martínez opinó que “existen negocios que multan a uno como cliente con el 10 por ciento, pero en aumento del precio al pago digital. Lo que se debe hacer es cerrarles definitivo esos puntos de expendio”.
En tanto, Liuska Bao es del criterio que “una gran parte de los establecimientos violan lo establecido por esas formas de pago. En algunos, solo lo aceptan de lunes a viernes, como es el caso de la mipyme de San Rafael; en otras, como la que se encuentra en la calle Aricochea, no aceptan pago por transferencia; en la “Hermanos Rey” el pago se hace por Enzona, pero luego de un mecanismo diabólico establecido por ellos, de modo que el cliente, obstinado, paga en efectivo o se marcha. También está el caso de la mipyme ubicada en áreas aledañas a la Taberna Pancho, el restaurante Rancho Bella, donde solo aceptan transferencias si el consumo es de más de 5 mil pesos. Se supone que todo estas artimañas son para enmascarar sus reales ganancias y evitar impuestos”.
Un dueño de un lugar de prestación de servicios confiesa que, desde su entrada a la actividad, “tengo mi código puesto y brindo hasta servicio de caja extra”, pero no entiende que “al cliente le dan un seis por ciento de bonificación y a nosotros nos llega el pago del cliente con 1,5 por ciento menos, porque, según leí en el documento que me entregaron, ese 1,5 se reparte entre la Empresa de Servicios Informáticos Especializados (GET), Bandec y Etecsa, por lo cual estimo esta sea una de las causas de que algunos no den el QR”.
En tanto, Olga Beatriz Aguilera dijo: “no son solo las mipymes ni los TCP los que no desean cumplir las leyes: por indicaciones de Comercio, la última venta de cigarrillos en las bodegas, se exigió el efectivo”.
Por su parte, Fabio Ochoa señaló que “cuando he podido pagar a no estatales por QR es transferencia y no pago en línea, mediante el cual es el banco el que bonifica con un por ciento equivalente a un "descuento" que en nada afecta al comerciante; pero para el pago en línea el vendedor debe solicitar la activación a su banco y contratar el servicio, que se opera mediante su cuenta fiscal y es ahí donde está el inconveniente, porque todos los pagos cargan los ingresos registrados del comerciante, de modo que la variante del pago como transferencia es una modalidad de evasión fiscal”.
En la fachada de la mipyme localizada detrás del IPU Luz Palomares García, lo más que se leen son carteles sobre horarios, cómo el cliente debe llevar el dinero clasificado por denominaciones y hasta etcétera, pero en ninguno se lee nada de pasarelas de pago, por lo cual al preguntar llega la respuesta salomónica: a un número de tarjeta y solo hasta 5 mil pesos. Por citar, hay decenas de casos, lo cual ratifica, lo informado a medios nacionales por Mirurgia Ramírez Santana, directora de Regulación del Mercado y Mercadotecnia del Mincin: hasta el mes de marzo, Holguín estaba entre las dos provincias con MENOS ACCIONES DE CONTROL (Cienfuegos y Holguín solo el 1,4 %, y el 2,6 % de lo muestreado).
Sin embargo, en el perfil institucional de la Dirección Estatal de Comercio (DEC), en Facebook, se lee: “A partir del próximo lunes, 1ro de abril de 2024, la DEC, la Dirección de Inspección Provincial, BPA, BANDEC, la ONAT y otros factores, incrementarán las acciones de control para hacer cumplir esta política”, pero, hasta la fecha, no se aprecian los resultados esperados.
Acciones de control
Según la DEC, como rectora de la política de Comercio en la provincia, han desarrollado diferentes acciones encaminadas al trabajo con los actores económicos, tanto estatales como no estatales, las cuales han sido respaldadas por los cuerpos de inspecciones de los municipios.
“Cuando salió la Resolución 93, visitamos las diferentes entidades para capacitar y orientar, siempre dejando claro que, llegados a un punto, se tomarían medidas con quienes se negaran a cumplir con lo establecido”, explicó Yomaris Muguercia García, máxima representante de la DEC en Holguín.
Argumentó que, a partir de que el Registro Central Comercial autoriza a un ciudadano a ejercer determinada actividad, este debe solicitar por su cuenta bancaria la implementación de alguna forma de pago en línea y especificarla a través de la divulgación adecuada en el establecimiento.
“En las visitas a los establecimientos solicitamos al titular que nos muestre la inscripción en el registro, la cuenta fiscal y el Código QR”, complementó la directiva.
A pesar de no ser una información conocida por un amplio segmento poblacional, en el municipio de Holguín, donde más se intencionan los controles, semanalmente, se visitan 100 actores económicos. Hasta la fecha, se han cancelado 33 proyectos, es decir, trabajadores por cuenta propia, y cuatro puntos de ventas de mipymes.
“Sucede, por ejemplo, que llegamos al establecimiento donde radica la mipyme y todo está en orden, pero en uno de sus puntos de venta no ofrecen el comercio electrónico como forma de pago. En esa situación, cerramos el punto de venta, no la mipyme”, aclaró Muguercia García.
De los proyectos cancelados, algunos han reabierto nuevamente, alegando desconocimiento sobre la normativa, pero aún permanecen cerrados 17 actores económicos no estatales y uno estatal, por no atemperar su forma de cobro a lo recogido en la 93.
En tanto que Yanetxi Rodríguez, directora de desarrollo del Grupo Empresarial de Comercio, alegó que “en nuestro sector, desde el 2021, se comenzó aplicar el comercio electrónico y la utilización de los diferentes canales de pago, por estar inmerso en un proceso de perfeccionamiento, pues uno de los requisitos era aplicar los canales electrónicos, lo que permitió que antes de comenzar la bancarización trabajáramos en función de aplicar este sistema”.
Por eso, “de la totalidad de los establecimientos activos de Comercio y la Gastronomía, de un potencial de 2 mil 200, solo 77 no pueden utilizar este sistema por estar certificadas por Etecsa que se encuentran en zonas de silencio, los 2 mil 123 restantes deben contar con, al menos, una de estas pasarelas de pago. Todas las bodegas están utilizado uno de los canales electrónicos”.
Aunque reconoció: “Hoy afrontamos los mayores problemas en los locales arrendados, pero les estamos exigiendo con una fecha a cumplir. Las principales incidencias están en los municipios de Cacocum y Banes, así como algunas en ¨Calixto García¨, con situaciones en los códigos, por lo cual hemos estado tramitando esta actividad con los organismos correspondientes”.
Asimismo destacó el impacto positivo alcanzado con el servicio de Caja Extra (CE), fundamentalmente en el municipio cabecera. “El año pasado, por ese concepto se cerró con más de 394 millones de pesos y ya contabilizamos más de 250 millones, en lo que va de este”.
También este equipo contactó con Iliana Ávila Pérez, jefa del Registro Central Comercial (RCC) Filial Holguín, organismo rector de la 93 del RCC, que está aprobado por el Mincin y que, como su nombre indica, tiene el encargo de reconocer y fiscalizar todas las actividades dirigidas por este ministerio.
No obstante, la funcionaria aclaró que es la DEC con su equipo de inspección el encargado de chequear y hacer cumplir la R 93/2023, lo cual no quiere decir que ellos no indaguen y hasta visiten los establecimientos. Asumió que “Holguín tiene problemas. No está al ciento por ciento ni lo va estar por un buen tiempo. Acá vienen muchos clientes por trámites demorados”. “Estamos muy atrasados, por ejemplo, en visitas realizadas todavía algunos alegan desconocer la R 93, aunque se ha divulgado por varias vías, a lo cual les recordamos que el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento”.
Al respecto, abundó que si no aplica esta resolución puede declarársele el cese de la actividad o, a través del decreto Ley 155, se decomisa la mercancía, pero en la provincia solo se ha dado un caso, con la Policía de actuante.
Sobre el uso del QR, señaló que hay muy mala práctica. “Con la 111 del Banco se dio una prórroga hasta abril, para poder terminar con las cuentas fiscales, pues para poder anexar la 93 y utilizar la pasarela de pago debe tener la cuenta fiscal, porque de otra manera lo estaría poniendo en la personal y el banco no puede saber realmente lo que se está ingresando, es decir, está evadiendo el fisco”.
En tal sentido, Alberto Manuel Leyva Rojas, coordinador de programas y objetivos del Gobierno en el territorio, aclaró que “las mipymes o trabajadores por cuenta propia no se aprueban sin que no medie su cuenta fiscal (CF) en el expediente”, por lo cual es de obligatorio cumplimiento que los nuevos actores económicos hagan uso correcto de la pasarelas de pago. Leyva Rojas informó que, hasta mediados de abril, habían más de 6 mil cuentas de TCP inutilizadas, por distintas razones, por lo cual están en el análisis una a una, mientras que la de otro grupo dispone de dinero; sin embargo, no la utilizan.
Responsabilidades compartidas
“La responsabilidad del Banco con la activación y conformación de los Códigos QR es, en un primer momento, informativa, con el propósito de que los actores económicos conozcan que deben tener una pasarela de pago en línea asociada a una cuenta fiscal”, dijo Hilda María Mora Vidal, jefa del departamento de banca electrónica en el Banco Popular de Ahorro de Holguín.
Explicó, además, que las instituciones bancarias son las responsables de dar el número de la cuenta que respaldará sus ingresos. En cuanto a las bonificaciones por el uso de las pasarelas, precisó que es algo contextual y sujeto a cambios.
“La bonificación al cliente al ejecutar un pago en línea no es permanente. Esta es asumida por el banco y, en ocasiones, por las entidades, previo acuerdo y organización. No son todos los organismos los que bonifican, cada banco tiene un grupo de instituciones que lo realizan, por lo que varía”, acotó.
Respecto al pago de las comisiones por el uso de las plataformas, refirió que puede revertirse con la prestación del servicio de Caja Extra. “El banco paga un 0,5 por ciento del total del monto prestado y un peso por cada operación, pues los individuos se convierten en agentes no bancarios”, complementó. Por su parte, Fermín Ochoa Rodríguez, coordinador de Transfermóvil en Holguín, explicó que Etecsa buscó una vía para que los clientes pudieran realizar la contratación del Código QR, eliminando los trámites presenciales, a través de la página web www.transfermovil.etecsa.cu.
Estas páginas tienen un control de la cantidad de usuarios que se registran y por ahí vamos viendo el número de establecimientos físicos con el Código, que en la provincia suman alrededor de 3 mil”, dijo Ochoa Rodríguez. Según argumentó, dentro de los datos que inserta el cliente al rellenar el formulario se encuentran el carné de identidad, el correo electrónico y un número de teléfono móvil. Por esas tres vías llega un anexo del contrato de manera digital y la entrega de una contraseña.
“Cuando lo reciben, deben dirigirse a Joven Club, un aliado de nuestra empresa para la implementación y capacitación sobre el empleo de la plataforma Transfermóvil”, añadió el coordinador.
Refirió que las solicitudes de Código tienen un término de un mes para hacerse efectivas; sin embargo, a día de hoy el plazo es mucho menor y, por lo general, no sobrepasa las 24 horas.
Asimismo, Félix Moreno Casanova, director de la División Territorial de Xetid en la provincia, explicó que para tramitar el código QR de la plataforma Enzona existen dos variantes: hacerlo a través de su sitio web oficial www.enzona.net, donde las personas pueden realizar la solicitud de forma directa de su código QR, o acercarse a la entidad para obtener los contratos de servicios y los de términos y condiciones con el banco, y, una vez concluidos los trámites, generar el código QR con la cuenta fiscal. También en la página de Enzona se puede solicitar la entrega de la cuenta fiscal para el negocio. Además, señala que en el caso de los TCP no se necesitan contratos, solo presentar los documentos oficiales y se realiza el servicio, con su respectivo pago, al momento.
Según datos ofrecidos por Moreno Casanova, existen en la provincia 2 mil 978 actores de la economía con esa pasarela de pago activa, de ellos la mayor cantidad se concentra en el municipio cabecera, con un total de mil 219. “Mantenemos convenios con Joven Club para la instalación de Enzona a personas naturales y Xetid los atiende también los martes y jueves en el horario de la mañana. En el caso de los actores económicos, nosotros mismos los asesoramos. Después de firmado el contrato, se hace efectiva su activación en la plataforma, en alrededor de 24 horas”, explicó el directivo. Los Joven Club de Computación y Electrónica han desempeñado un papel activo en tiempos de bancarización y comercio electrónico, sin dejar de lado su amplio número de servicios tradicionales.
“A través del servicio de asesoría e implementación, hemos desarrollado acciones para capacitar a nuestros clientes en todo lo referente al pago en línea y el empleo de las pasarelas electrónicas de pago”, dijo Jeilys Palacio García, subdirectora de informatización de Joven Club (JC) en la provincia. Reiteró que el papel de esa red de instalaciones se basa en colaborar en la implementación del Código QR, por cualquiera de las pasarelas disponibles; sin embargo, varios ciudadanos, que no han dado los primeros pasos para la solicitud, acuden a los especialistas de los diferentes municipios en busca de acompañamiento para adentrarse en el universo tecnológico.
“Hay que aclarar que el proceso consta de diferentes etapas, que van desde la solicitud en línea para la contratación del Código QR, hasta la activación de la cuenta bancaria. Una vez que transcurren las distintas fases, intervenimos nosotros”, acotó la directiva.
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Como en un trabajo similar, publicado a principios de año, reiteramos que las pasarelas electrónicas de pago deben estar al alcance de todo el que quiera valerse de sus ventajas, para “desfilar” rumbo a la modernización de los sistemas económicos de nuestro país.
Pero este proceso requiere de fiscalización y hacer valer lo establecido por Resolución, pues es obligación de las entidades, mipymes y trabajadores por cuenta propia asegurar a los consumidores el acceso y uso de los canales electrónicos, tanto por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta, para la comercialización de bienes y prestación de servicios, en un contexto donde el efectivo no sobra en las manos holguineras.
Las quejas reiterativas de la población sobre la violación flagrante de la Resolución 93 denotan que no se ha sido todo lo consecuente en hacer valer lo que está previsto, a pesar de las varias prórrogas otorgadas, tomadas por algunos para hacer florecer su desdeñables artimañas.
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