Ante la escalada de precios abusivos e ilegalidades que tanto afectan a la población matancera, la Dirección Estatal de Comercio (DEC) arrecia el combate contra estas manifestaciones negativas.

Encargada de dirigir y fiscalizar los procesos comerciales en las entidades estatales, así como controlar las políticas, regulaciones y normas dictadas desde el Ministerio de Comercio Interior, la DEC cuenta con un departamento de inspectores que velan por el buen desempeño de los establecimientos que prestan servicio a los pobladores.

Consciente de que las fuerzas con que cuentan no son suficientes ante la magnitud del fenómeno, Ismael González Sánchez, jefe del Departamento de Inspección de la DEC, explica que la misión recae en 15 inspectores diseminados por toda la provincia, aspecto que dificulta la labor de estos especialistas.

Para contrarrestar las violaciones cuentan con diversos mecanismos como los estados de opinión de la población que llegan a las sedes de los Gobiernos locales o del Partido; valiéndose además de las páginas institucionales en las redes sociales.

El directivo reconoce que desde finales de octubre, tras un llamado de la dirección del país para redoblar el enfrentamiento a las ilegalidades y los precios abusivos, han aplicado el decreto-ley 30 a diversas entidades estatales e impuesto más de 80 contravenciones.

El decreto-ley 30 -ahonda González Sánchez- se aplica a infractores que violan los precios establecidos con multas comprendidas entre cinco mil y 8 mil pesos.

Durante el proceso, donde intervienen inspectores de otros organismos, se han detectado personas que comercian auxiliándose de documentos falsos que los acredita como Trabajadores por Cuenta Propia, entre otras irregularidades apreciadas.

“Nuestro departamento vela por la protección al consumidor para que no sufra engaños en el pesaje, nos apoyamos en la resolución 54 que establece sus derechos y deberes de los proveedores de productos y servicios”.

“No solo actuamos en bodegas, cafeterías, o restaurantes, nuestra acción llega hasta los almacenes mayoristas y entidades de alojamientos, cualquiera que realice una acción de compra venta en el sistema estatal”.

Durante una rueda de prensa realizada en el Telecentro Tv Yumurí a varios medios matanceros, González Sánchez afirmó que en estos momentos centran la atención en las ferias de fin de semana, que estos enclaves comerciales no sirvan de abastecedores a vendedores ilegales o cuentapropistas, como suele ocurrir en muchas, cuando los vehículos concurren en horas de la madrugada.

“Se da el caso de que los camiones llegan por la madrugada a los puntos comerciales y venden primero a los TCP o vendedores ilegales entorpeciendo el flujo comercial y afectando a la población».