La licitación del arrendamiento de los establecimientos del comercio a las nuevas formas de gestión estatal y no estatal comenzará a implementarse en Cuba, en aras de ampliar y mejorar los servicios y ofertas con el rescate de unidades cerradas por razones diversas, o con pobre desempeño, afirmaron hoy funcionarios del Ministerio de Comercio Interior (Mincin).

Yosvany Pupo Otero, viceministro del organismo, explicó en conferencia de prensa las directivas para tan importante paso, vinculado al perfeccionamiento del sector, y en el que el papel decisivo lo asumen las asambleas municipales del Poder Popular, por corresponderles aprobar el reordenamiento de la red minorista, lo cual debe ocurrir en las sesiones de mayo y junio.

A partir de ahí los consejos de la Administración municipales realizan -o anuncian- la convocatoria del inicio de los procesos de licitación de arrendamiento de los centros de subordinación local, y que incluye venta de mercancías, gastronomía y los servicios, entre otros.

En tanto como titular del inmueble la Empresa de comercio implementa el procedimiento establecido, no sin antes conformar la cartera de inmuebles propuestos a arrendar, funcionando o cerrados, y también crear una comisión que ejecutará el proceso, el cual dura 30 días hábiles.

El funcionario recalcó que los interesados en alguno de los locales en licitación deberán presentar proyectos que en esencia preserven los servicios básicos de la población, así como generen empleos, promuevan la inclusión social, y estimulen y consoliden costumbres y tradiciones de la comunidad, en consonancia con la Estrategia de Desarrollo Local.

Yesnisleydis Anazagate Traba, asesora jurídica del Mincin, aclaró que tienen derecho a participar los actores locales, las formas productivas de la agricultura, los trabajadores del establecimiento que se licita, los trabajadores por cuenta propia, las micro, pequeñas y medianas empresas, los proyectos de desarrollo local y las cooperativas no agropecuarias.

Como impedimentos para solicitar algún establecimiento en licitación cuentan ser residente o tener domicilio social en otra provincia, haber cometido fraude o engaño en algún procedimiento de licitación, haber sido sancionado por delitos contra la economía o los derechos patrimoniales, o haber sido separado del sistema del Comercio como medida disciplinaria.

Una de las directivas subraya que el proceso de negociación de los contratos de arrendamiento se efectúa sobre la base de la autonomía de la voluntad de las partes, según la legislación vigente.

Ello significa, explicó el viceministro de Comercio Interior, que cuanto se apruebe o acuerde debe partir de principios como mantener y rescatar los servicios básicos de la población, definir el término en que se prevé lograrlo, incluidos el confort e imagen de la instalación, y mantener o recuperar en las unidades emblemáticas las ofertas que las distinguen.

La elevación de la calidad de los servicios, con precios favorables a la población, y una estructura y sostenibilidad de las ofertas, deben quedar bien consignados en los contratos de arrendamiento, y precisándose los precios o tarifas minoristas que se decidan regular por la autoridad facultada y los horarios de servicios.

Pupo Otero aclaró que las ventas de bienes y servicios en los establecimientos que se liciten serán siempre en CUP (pesos cubanos).

La asesora jurídica del Mincin informó que el contrato se rescinde o cancela ante el incumplimiento del pago de las tarifas acordadas o de los compromisos establecidos, por emplearse el inmueble para hechos ilícitos o darle otro uso al acordado, por subarrendarse sin solicitar autorización, y por la ocurrencia de manifestaciones delictivas o de corrupción.

Precisó que en los locales que necesitan reparación o mantenimiento las acciones constructivas deberán ejecutarse antes de su explotación, y no pueden exceder el plazo de un año.

Anazagate Traba explicó que la persona seleccionada para participar en la licitación presenta los documentos acreditativos otorgados por los organismos rectores, en tanto la principal fuente de aseguramiento radica en la autogestión y los encadenamientos con otros actores económicos.

Son principios del procedimiento de licitación la transparencia y publicidad, o sea, que se conozcan las acciones y decisiones para un efectivo control social y popular; la igualdad en el sentido de que los participantes tengan iguales derechos y oportunidades, la competencia de poder participar, y la eficiencia y razonabilidad al seleccionarse la oferta más conveniente para el interés público.